El Grupo de Investigación de Estudios Turísticos de la Universidad Central del Ecuador (GET) continúa activamente realizando el levantamiento de indicadores a través del Observatorio Turístico de la Zona 2. En un evento virtual realizado el 17 de junio de 2021, el Observatorio Turístico de la Zona 2 realizó la socialización de los principales resultados alcanzados en el proyecto de titulación: “Medición de los indicadores del Observatorio Turístico de la zona 2 (Pichincha, Napo y Orellana). Período octubre 2020 a marzo 2021”.

Edison Molina, Director Observatorio Turístico de la Zona 2, realizó una breve inducción sobre el Grupo de Estudios Turísticos que se conformó en 2017 y cuyos trabajos e investigaciones están publicadas en la web: www.uce.edu.ec/web/get Indicó que un Observatorio Turístico es un lugar que brinda información para la toma de decisiones con datos. Se enfocan en estudiar el sector turístico como un sistema, en trabajo coordinado con diversas entidades como la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME. Esta información les ha permitido determinar los sitios más visitados en la zona 2, así como el perfil del turista nacional e internacional.

Carlos Garrido, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE, destacó que con este Observatorio la Universidad Central del Ecuador se ha convertido en un referente de información turística en tiempos de COVID-19.

Las estudiantes: Pamela Mamarandi y Melissa Mañay realizaron la presentación de los boletines con los principales resultados alcanzados tras la investigación realizada  en el periodo octubre 2020 -marzo 2021. Entre los resultados se destaca: En la zona 2 los atractivos turísticos naturales más visitados en tiempos de pandemia son: El Parque Nacional Cotopaxi y la Reserva Natural de los Illinizas, en cuanto a los atractivos culturales el más visitado es El Parque Arqueológico Cochasqui. Además mostraron que el nivel de satisfacción de los turistas actualmente depende de si los lugares cumplen con las medidas de bioseguridad.

Revisa los boletines de Indicadores del Observatorio Turístico: https://bit.ly/2S7rV6c

Descargar el Informe comportamiento turístico en tiempos de COVID: https://bit.ly/3vCDQ9X

Xavier Lastra, docente de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE, mencionó que el papel de la academia es generar conocimiento y el Grupo de Estudios Turísticos lo está haciendo desde un trabajo multidisciplinar. 

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La Radio Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, en su espacio Ante la Pandemia, entrevistó al director de la Carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana de la Facultad de Jurisprudencia, Giovanny Ribadeneira Guijarro, experto en derechos de niñas y niños, quien profundizó en temas sobre la importancia de garantizar la educación durante la infancia.

Frente al análisis sobre la importancia de la educación en la niñez, reflexionó acerca de la normativa que garantiza los derechos y puntualizó en el llamado de atención de UNICEF a Ecuador para que priorice las necesidades más urgentes de los niños, niñas y adolescentes.

El académico destacó que la educación es un derecho y durante la pandemia fue limitado. Agregó que el Estado debe promover el cumplimiento de las normas establecidas por la Constitución a favor de la niñez para solucionar esta problemática, lo cual permitirá que los niños y niñas ingresen al sistema de educación.

El docente, reiteró que lamentablemente antes de la pandemia, ya existía un descuido del gobierno en este aspecto, lo cual, empeoró con la pandemia. Además, explicó que, según estadísticas expuestas, el 78% de estudiantes tienen acceso a internet, pero de baja calidad y que apenas el 2% poseen total acceso.  Insistió que esa fue una de las causas que redujo el aprendizaje e hizo énfasis en la falta de políticas públicas del gobierno para subsanar el problema.

Rivadeneira, especificó que UNICEF es el organismo que promueve las garantías por parte del Estado para una eficiente formación de la niñez. Recalcó, que un país educado tiene muchas más posibilidades para el desarrollo. Manifestó que, el gobierno actual deberá contemplar las exigencias del organismo para impulsar los derechos de niños, niñas y jóvenes; y priorizar su atención en educación, salud y bienestar.

Enlace https://fb.watch/6acMNiz8qb/

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La Academia Bolivariana de América, Capítulo República del Ecuador, es un grupo de académicos de alta relevancia. Entre sus miembros, se encuentran excancilleres, rectores, docentes universitarios e investigadores.

El Consejo de Fundadores del gremio otorgó la Condecoración LIBERTAD Y PROGRESO a Patricio Sánchez Padilla, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, quien se integra como miembro de la Academia por el servicio al país como investigador en el campo jurídico y las Ciencias Sociales. El acto se desarrolló en uno de los salones de la  unidad académica.  

En el marco del evento, el académico presentó el texto: BOLIVAR Y EL PANAMERICANISMO.  Leonardo Barriga, miembro de la Academia, manifestó que el libro enmarca al Libertador como un hombre que buscó el bien común de toda Hispanoamérica y se lo contempla como el primer ideólogo de la solidaridad americana, por su actividad revolucionaria y sus inicios de ideales libertarios.

 Además, explicó que el ensayo aborda en forma precisa y documentada los orígenes de un movimiento que patrocina la cooperación y unidad de los países de América al combatir la influencia externa con el fin de mantener la solidaridad de las naciones del nuevo continente.

Amílcar Tapia Tamayo, reconocido historiador de la Universidad Central del Ecuador y Canciller de la Academia Bolivariana, recalcó que la Facultad de Jurisprudencia es el emporio del saber, ya que el Derecho como ciencia tiene su mayor asidero, donde persiste el pensamiento y la huella de grandes maestros y connotados juristas importantes en la historia del Ecuador.

El Decano, agradeció el reconocimiento y recalcó que el ilustre gremio promueve la integridad y soberanía ecuatoriana y reiteró su compromiso desde esta tribuna para defender el pensamiento de unidad que impulsó Simón Bolívar.

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El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CACES; certificó  a nuestra institución como un  Centro Autorizado para la toma del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (CAT-EHEP) 2021; que se desarrolló los días 8, 9 y 10 de junio del presente año.

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad, por delegación  del Dr. Fernando Sempértegui, Rector  de la Universidad, coordinó las acciones necesarias para brindar apoyo técnico y académico durante aplicación del EHEP 2021, que convocó a estudiantes de último año y profesionales de medicina, enfermería y odontología de todo el país.

La Universidad Central del Ecuador facilitó 28 laboratorios de computación con un total de 400 computadores, pertenecientes a las facultades: 1) Ciencias Administrativas; 2) Ciencias Económicas; 3) Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; 4) Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas; 5) Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Además, 85 docentes participaron en calidad de aplicadores del examen, pertenecientes a las facultades: 1) Ciencias Psicológicas; 2) Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres; 3) Odontología; 4) Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas; 5) Ciencias Médicas (Carreras de Enfermería y Obstetricia); y 6) Personal docente y administrativo de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad.

La Dirección de Aseguramiento de la Calidad, supervisó el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, establecidas en el respectivo protocolo, durante los tres días de aplicación del examen, en el cual un total de 1400 postulantes rindieron el EHEP 2021.

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La corrupción es parte de procesos nocivos que aumenta la desigualdad y agobia a todos los sectores sociales, por tal motivo, es repudiado mediante diversas manifestaciones públicas. De ahí, la necesidad de analizar a profundidad los Delitos de la Administración Pública, actividad académica que promueve el Posgrado de Jurisprudencia en el marco de sus Jornadas Académicas y como vinculación con la sociedad con el Cantón Montúfar.

El evento contó con la participación de docentes de la unidad académica, Mauricio Pacheco, José Luis Terán y Álvaro Román. Además, estuvo presente el Alcalde del Cantón Montúfar, Andrés Ponce López, quien manifestó su gratitud a la Universidad Central del Ecuador por su compromiso con la comunidad.

En el evento se manifestó que el organismo pertinente para los procesos en los cuales se detecta corrupción es la Contraloría General del Estado para garantizar transparencia y seguridad a las personas que laboran en el ámbito administrativo. Se recalcó que Ecuador gasta un alto porcentaje de su presupuesto en Compras Públicas, ya que cada año se gestiona el 16%.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus resoluciones del 2018, señaló que la corrupción en América Latina es un aspecto que compromete la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones y afecta a grupos de mayor vulnerabilidad, por lo tanto, la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos más importantes que debe tener un gobierno.

En este contexto, es importante que las y los servidores públicos tengan claras sus funciones para no abusar de los bienes del Estado, caso contrario se procederá bajo los lineamientos de la Ley.

En caso de determinarse la responsabilidad de la persona jurídica, esta será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general.

Las y los servidores públicos y personas que actúen en virtud a una potestad estatal en algunas de las instituciones del Estado y ordenen o exijan la entrega de donativos, dádivas, promesas y derechos, cuotas, contribuciones, rentas, sueldos, gratificaciones, beneficios económicos, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años y de acuerdo a la gravedad aumenta el tiempo de la pena privativa.

Enlace: https://fb.watch/68N25iNadY/

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El Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia reconoció a docentes, empleados y trabajadores que se acogieron a la jubilación y se brindó un homenaje póstumo a quienes fallecieron.

 En el evento virtual, tomaron la palabra autoridades, estudiantes y docentes. Patricio Sánchez Padilla, Decano de la Facultad, expresó respeto a las personas que se acogieron a la jubilación y a quienes fallecieron. Resaltó que, el desarrollo cronológico de los individuos determina tiempos de transición en los cuales se desarrolla una serie de cambios que permiten ubicar escenarios propios. Hizo un recuento sobre diferentes momentos en aulas y agradeció por el compromiso incondicional en la formación de profesionales.

César Muñoz Pazmiño, Director de la Carrera de Derecho, destacó que centenares de generaciones se han formado gracias a la labor y trabajo de la planta docente. 

Patricio Salazar Oquendo, Miembro del Consejo Directivo, indicó que, el respeto es un principio importante para promover e impulsar. Aclaró que se debe formar una juventud que promueva justicia social.

Hólger Córdova, docente jubilado, habló en representación de los homenajeados y manifestó su agradecimiento al Consejo Directivo. Iván Lara, representante estudiantil, expresó gratitud a sus maestros.

Además, se realizó la entrega de condecoraciones a la planta docente: Almeida Cueva Marcelo Fabián, Carvajal Jimmy Patricio, Córdova Rugel José Hólger, León Asqui Juan Cristóbal, Maldonado Castro Marco Antonio, Mensías Pavón Fabián René, Páliz Dávila Efrén Hernán, Paredes Rojas Jorge Aníbal, Sánchez Viteri Edwin Efraín Patricio, Salcedo Coronel Iván Polivio, Viteri Llerena Hernez Washington, Yupangui Carrillo Yolanda de las Mercedes y Morales Chasipanta Segundo Carlos.

Enlaces: https://fb.watch/68VUTzBl2A/

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Sobre la Consulta por la Minería en la ciudad de Quito se organizó un conversatorio por parte del Instituto de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia, ya que la Consulta Popular es un mecanismo democrático de participación ciudadana para intervenir en las decisiones del Estado, con respecto a las actividades que tienen incidencia en las comunidades. En este evento participaron, Sylvia Bonilla, patrocinadora del caso, Verónica Potes y Juan Francisco Palacios, docentes de la Facultad.

Con el actual gobierno se ha generado expectativa sobre su posición en la minería por razones fundamentales de términos económicos. Bajo este antecedente, la Consulta Popular es un instrumento necesario para las decisiones políticas y económicas, en especial las que tengan que ver con la actividad minera a gran escala.

Se manifestó que, el poder se construye a partir de la voluntad de la ciudadanía. Se recordó el caso de Yasuní, donde la Corte Constitucional antes de dar un dictamen, solicitó las firmas para proceder a la consulta popular. La Corte revisó los textos introductorios y las preguntas, posteriormente, se recogieron las firmas para la iniciativa popular. Los textos elaborados para una Consulta Popular deben ser neutros, de tal forma, que las y los electores tomen decisiones responsables en forma objetiva.

Se indicó que el Distrito Metropolitano de Quito tiene una variedad de clima con zonas tropicales al noroccidente, cuyos ecosistemas y biodiversidad son importante e imprescindible para que la ciudadanía quiteña se pronuncie al respecto si desea o no minería metálica en el cantón.

Quito es una ciudad urbana que tiene altos niveles de contaminación y para su protección se requiere de bosques protectores. Se expuso el caso del 12 de abril del 2015, donde la Parroquia de Pacto organizó una Consulta Popular sobre la explotación minera en la zona y como resultado el 92.6% respondió en contra de esta actividad. 

La zona que conforma el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 7 áreas de conservación perfectamente delimitadas, de uso sostenible. Además, existen ordenanzas municipales, las cuales crearon lugares o senderos de protección para el oso andino, mamífero emblemático de la región.  También se establece la conservación de suelos como áreas ecológicas, culturales y producto sostenible conformado por parroquias, de esta manera se ha hecho posible la preservación de estos lugares.

Así también se recalcó que la Corte Constitucional debe rever sus decisiones, las cuales deben construirse desde la soberanía de la ciudadanía. El conversatorio tuvo como objetivo proponer y discutir avances jurisprudenciales bajo enfoques pro- derechos e impulsar que la ciudadanía conozca sobre la Consulta Popular como un derecho fundamental en decidir por medio de las urnas asuntos públicos con carácter vinculante y de efecto inmediato.

Enlace:

https://www.facebook.com/watch/?v=165224375557119

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En el marco del convenio suscrito entre la Universidad Central del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar, se realizó las Primeras Jornadas de Violencia de Género por parte del Instituto de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia. Participaron Kati Álvarez, Merck Benavides, Mauricio Pacheco y Brenda Guerrero, docentes de la Facultad. En el evento estuvo presente la Vicealcaldesa de Montúfar, Carmen Paucar y Patricio Sánchez Padilla, Decano, Decano de la Facultad.

Se hizo un análisis sobre la importancia del Derecho Penal, el cual garantiza la tranquilidad y asegura la convivencia de las personas. Se explicó que la ausencia del Derecho Penal afectaría los bienes jurídicos como la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad, etc.

Se recalcó que las infracciones penales se clasifican en delitos y contravenciones y el Fiscal es el encargado de investigar las pruebas importantes para establecer la participación de una persona acusada, y además debe buscar la verdad procesal, donde la violencia esté identificada.

Se manifestó que la violencia psicológica en contra de la mujer y de los miembros de la familia es un delito que afecta a bienes jurídicos como la familia, por ello, la importancia de establecer normar que protejan a la mujer y los miembros de la familia, ya que son el centro de la construcción social. Se aclaró que el sistema penal no es un mecanismo para prevenir la violencia intrafamiliar, ya que el sistema jurídico ecuatoriano establece que se debe tener suficientes pruebas y testigos confiables para obtener la culpabilidad del imputado.

Se advirtió en los tribunales españoles que en la intimidad del hogar la violencia pasa desapercibida, por lo que, en España se desarrolló una doctrina basada en el testimonio de la víctima el cual debe ser verosímil, claro, conciso, no debe incluir contradicciones y debe tener firmeza. Con estas características facilitará al juez realizar un análisis del testimonio que, junto a informes periciales, son herramientas para un dictamen a favor de la víctima.

La situación que afecta a la familia en el Ecuador es la violencia presente en todos los estratos sociales, afectando a mujeres, niños, niñas, personas adultas mayores y con discapacidad.

En este contexto, se afirmó que los distintos gobiernos parroquiales y municipales implementaron acciones contra la violencia intrafamiliar, activando líneas de emergencia con protocolos de atención que incluye lenguas nativas. Además, se reforzaron estrategias presenciales como patrullas en casa, centros de acogida, refugios y equipos itinerantes.

Con el objetivo de erradicar la violencia crearon campañas comunicacionales y algunos GADS provinciales generaron ordenanzas para crear centros de prevención de la violencia contra la mujer.

La Vicealcaldesa de Montúfar agradeció a la Universidad Central del Ecuador por su rol de sensibilizar y empoderar a las mujeres.

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https://www.facebook.com/watch/?v=774253923284049

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El evento, propuesto por el Instituto de Criminología Julio Endara de la Facultad de Jurisprudencia, convocó a Vivian Idrovo, Coordinadora de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, Andrés Burbano, Coordinador General de la Protección de Derecho Humanos de la Defensoría del Pueblo y a los docentes Verónica Potes y Rubén Castro, quienes profundizaron en el El Proyecto de Ley Orgánica para el Uso Progresivo, Racional de la Fuerza por parte de la Policía Nacional, enviado en abril pasado a la Asamblea Nacional.

En el evento académico se realizó un recuento sobre los acontecimientos que sucedieron en octubre de 2019 con el levantamiento indígena, donde se registraron más de 1000 detenidos de forma arbitraria y se estima que 9 personas perdieron la vida. Además, se mencionó que existe varios procesos aún abiertos, de los cuales 44 están dirigidos a investigaciones a agentes policiales de las Fuerzas Armadas involucrados en abusos de violaciones de Derechos Humanos.

 Se especificó que, para el uso de Fuerza Pública se puso como justificación el discurso de los medios de comunicación y de las autoridades, sobre la desestabilización de la democracia por parte de los manifestantes. Se aclaró que el Estado debe cumplir con 3 obligaciones: obligación de respeto, obligación de protección y garantías de derechos a la vida y a la integridad personal.

También se analizó la intervención de una segunda mirada referente a la Corte Constitucional, ya que, según el ordenamiento jurídico, el derecho a la manifestación es la forma idónea para expresarse, con la potestad de elegir el contenido y mensaje que se quiera transmitir, así como el tiempo y espacio sin interrupciones arbitrarias, pero así también debe desarrollarse de forma pacífica.

Según la Corte Constitucional, el Estado debe proteger a las personas involucradas en reuniones pacíficas y hacer uso de mecanismos necesarios para que despliegue a instituciones de protección de derechos. Así también, la Corte estableció que, en circunstancias de crisis la labor de la policía se ve desbordada y el presidente de la República puede utilizar el Estado de Excepción a fin de restaurar el orden democrático.

Se acotó que el uso de la fuerza tiene legitimidad política, social y jurídica, ya que se le pide al Estado brinde protección o regule, esto lo asume la Asamblea y se convierte en norma. Se manifestó que la fuerza se la utiliza en contra de la delincuencia o crimen organizado.

Finalmente, ante lo sucedido en octubre del 2019 se recomendó que debe existir una Ley que regule el uso progresivo de la fuerza, cuyos límites deben estar ajustados por una norma legal, ya que se debe hacer un examen de proporcionalidad frente a un hecho concreto.

Enlace del evento

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=260571559194598&id=100057252686673

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La Dra. Ximena Garzón Villalba, Ministra de Salud Pública, y el Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador, recorren el centro de vacunación ubicado en el Coliseo de la Institución. La Ministra agradeció la colaboración de esta casa de estudios en el proceso de vacunación más importante en la historia del país. El Rector señaló que la Institución cuenta con la experiencia y el compromiso de los profesionales en distintas áreas de la salud, para brindar a los ciudadanos atención ordenada, digna y transparente.

El Plan de Vacunación 9/100, impulsado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), avanza de manera activa en todos los rincones del país, beneficiando a la población prioritaria, y a la ciudadanía en general. En este contexto, para agilizar el proceso de inmunización contra la COVID-19, este domingo 6 de junio de 2021, la Ministra de Salud Pública del Ecuador indicó que el trabajo de la Universidad Central del Ecuador es maravilloso, se siente orgullosa de haberse educado en ella. Señaló que las dos Instituciones están colaborando, y han realizado un trabajo coordinado en este centro de vacunación bien organizado. Pudo verificar el proceso, desde el ingreso de las personas, hasta que termina la fase de evaluación post vacuna, incluso administró la vacuna a una de las personas presentes. Agradeció a las autoridades universitarias y al personal que se encuentra colaborando en el proceso, a la vez que insta a la ciudadanía en general a implementar todas las medidas de cuidado y seguridad.

El Dr. Fernando Sempértegui, recalcó la importancia de que la Ministra de Salud visite la Institución, convertida en centro de vacunación al servicio de los ciudadanos de Quito. Además, enfatizó el compromiso de la Institución con el proyecto de vacunación en los próximos cien días para alcanzar el mayor número de personas vacunadas. Señaló que se suman a esa causa como deber de la Universidad en contribuir al éxito de ese propósito y velar por el bienestar de la sociedad ecuatoriana.

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